Por Rodrigo Alanís Urdiain (rodrigo@alanisurdiain.com)
Tengo el honor de participar como abogado aportando mi experiencia y conocimientos legales para la defensa de los quejosos en una demanda de amparo presentada el 13 de marzo de 2023 para exigirle a Pemex que garantice el derecho a un medio ambiente sano y a respirar aire de calidad satisfactoria.
Las autoridades están obligadas a respetar nuestros derechos humanos, es decir, esos derechos que nos corresponden por el sólo hecho de ser personas y que son básicos para vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente.
Por ejemplo, las autoridades están obligadas a respetar el derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, derecho que está íntimamente relacionado con otros derechos humanos como lo son el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
El derecho a un medio ambiente sano protege todos los elementos naturales que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos; entre estos elementos naturales se encuentran el aire y la atmosfera.
En el año 2022 los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey padecimos 235 días con un aire de mala calidad, lo que ha posicionado a Monterrey como la ciudad más contaminada de México y una de las más contaminadas de América Latina.
El más reciente inventario de emisiones contaminantes que realizó el Estado señala a la Refinería de Cadereyta, operada por Pemex, como la responsable del 90% de todo el dióxido de azufre que se emite en el Área Metropolitana de Monterrey, contaminante que se relaciona con padecimientos como diabetes, enfermedades del corazón, accidentes cardio vasculares, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias agudas, entre otras.
Además, la Refinería también es señalada como una de las principales fuentes fijas emisoras en el Estado de óxidos de nitrógeno y partículas PM10 y PM2.5, contaminantes que también son sumamente perjudiciales para nuestra salud.
Si bien la Refinería de Cadereyta no es la única fuente contaminante en nuestro Estado, emprender un acción de amparo en su contra se justifica, entre otras razones, porque es la principal fuente contaminante de nuestro aire y porque es una forma en la que Pemex pueda ser obligada a respetar el derecho a un medio ambiente sano y los derechos humanos íntimamente relacionados a este.
Las autoridades administrativas competentes en materia de inspección y vigilancia en cumplimiento de la legislación ambiental no pueden sancionar a Pemex ya que, por ser una autoridad federal, únicamente le pueden hacer recomendaciones no vinculantes cuyo cumplimiento no puede ser impuesto de forma coercitiva. En cambio, esas mismas autoridades administrativas sí pueden castigar e imponer forzosamente las sanciones que correspondan a los particulares que causen daños a nuestro medio ambiente.
No obstante, el Poder Judicial de la Federación sí tiene las facultades para exigirle a Pemex que tome las medidas que resulten necesarias para reducir sus emisiones y garantizar el respeto a los derechos humanos de los quejosos.
Aunado a lo anterior, Pemex pertenece al Gobierno Federal y por esa razón está obligada a respetar nuestros derechos humanos. Para respetar el derecho humano a un medio ambiente sano debe de tomar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar causar daños al medio ambiente.
Sin embargo, Pemex está emitiendo altas concentraciones de contaminantes en la Refinería de Cadereyta, lo cual incluso ha quedado en evidencia y a simple vista de todos los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey en los días recientes con las densas fumarolas de color amarillo y fuertes olores a azufre que emitió la Refinería y que fueron ostensibles en toda la región.
Lamentablemente en muchas ocasiones cuando las alteraciones al medio ambiente resultan perceptibles para las personas es porque el daño ambiental ya es irreparable o irreversible, de ahí lo urgente de que este tema sea atendido y solucionado.
Por otro lado, sabemos de la existencia y viabilidad de diversas medidas que puede implementar Pemex en la Refinería de Cadereyta para reducir sus emisiones contaminantes al aire, ya que estas medidas fueron reconocidas en un programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el que participaron el Gobierno Federal y el Gobierno de Nuevo León, entre otros.
En este programa se asignó a Pemex como responsable de asumir acciones específicas para reducir sus emisiones, tales como usar gas combustible en sustitución de combustóleo en sus calderas y calentadores; realizar programas de mantenimiento preventivo en calderas, calentadores y plantas de azufre; ejecutar el subsistema de administración ambiental y otras. Lamentablemente Pemex niega tener obligación de cumplir estas acciones mínimas y es omiso en llevar a cabo los esfuerzos requeridos para evitar o mitigar dañar al medio ambiente que está causando con sus procesos industriales.
Entonces, como Pemex no está respetando los derechos humanos y las autoridades administrativas no pueden exigirle que los respete, fue necesario acudir ante el Poder Judicial de la Federación para solicitarle que exija a Pemex el respeto a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
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