REFORMA A LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL.
Mediante Decreto publicado el 19 de noviembre de 2026, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, relacionadas con la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la participación de inversión extranjera en sociedades mexicanas que desarrollen determinadas actividades económicas.
En virtud de este Decreto, se incorporan a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a las personas titulares de la Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la persona titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Asimismo, en las sesiones de la Comisión en las que se aborden asuntos relacionados con la seguridad nacional, serán invitados permanentes los titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán voz, pero no voto.
Entre los aspectos más relevantes de la reforma destaca que, por razones de seguridad, se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49% del capital social de una sociedad mexicana cuando el valor de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general y la sociedad tenga como actividad económica alguna de las siguientes:
I. Infraestructuras estratégicas ya sean físicas o virtuales, en las que se incluyen aquellas vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como de terrenos e inmuebles que sean indispensables para el uso de dichas infraestructuras;
II. Tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías;
III. El suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria;
IV. El acceso a información sensible, en particular, datos personales, o la capacidad de controlar dicha información, y
V. Las demás actividades o sectores económicos análogos o de similar naturaleza que determina la Comisión mediante resolución general.
Cuando el valor total de los activos de la sociedad mexicana no supere el umbral determinado por la Comisión, pero se pretenda adquirir una participación superior al 49% de su capital social, la presentación de la solicitud ante la Comisión será voluntaria.
La Comisión deberá resolver las solicitudes que le sean sometidas a su consideración en un plazo máximo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Es importante señalar que, tratándose de solicitudes en materia de seguridad nacional, no resulta aplicable la regla de aprobación por falta de resolución prevista en el artículo 28 de la Ley de Inversión Extranjera.
Cuando, como resultado de la evaluación realizada, se determine la inexistencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional, la Comisión declarará viable la adquisición de la sociedad mexicana por parte de la inversión extranjera. Asimismo, podrá sujetar el proyecto de adquisición a modificaciones para mitigar los riesgos identificados, a cargo de las partes involucradas, o bien, impedir la adquisición por razones de seguridad nacional.
Las resoluciones que declaren viable la adquisición o sujeten el proyecto a modificaciones podrán incluir términos y condiciones específicos para cada caso, tales como la obligación de presentar reportes periódicos y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional.
Adicionalmente, se incluyeron diversos supuestos de infracción relacionados con el incumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera. Para estos supuestos se prevén multas de hasta 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o, en determinados casos, de hasta el importe de la operación, cuando se simulen actos con el propósito de permitir el goce o la disposición de bienes inmuebles en la zona restringida a personas físicas o morales extranjeras o sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, de conformidad con sus artículos transitorios, la Comisión deberá emitir, en un plazo no mayor a 180 días naturales, la resolución general mediante la cual establezca el umbral económico de las operaciones de inversión extranjera que requerirán su resolución favorable.
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