La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue reformada para, entre otros cambios, reconocerles el derecho a una educación en condiciones óptimas, entendida ésta como el conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos.
Esta reforma a la fracción VII del artículo 57 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 15 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, pretende mejorar las condiciones en las que las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales deben garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma. Antes de su reforma, el texto normativo establecía que los servicios educativos debían ser prestados en "condiciones de normalidad mínima".
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